Autor: Abg. Ahmet Bertuğ Dönmez Fecha: 25 de septiembre de 20262 min de lectura
Quien vea afectados sus derechos por un acto de la administración puede acudir a los tribunales administrativos. El problema más frecuente es la pérdida del plazo: un recurso presentado tarde se inadmite sin examinar el fondo, aunque el acto sea ilegal.
El plazo general
Según el artículo 7 de la Ley n.º 2577 de Procedimiento Administrativo (İYUK), salvo ley especial, el plazo es de 60 días ante el Consejo de Estado y los tribunales administrativos y de 30 días ante los tribunales tributarios.
El plazo empieza en general el día siguiente a la notificación escrita del acto. En los actos reglamentarios que deben publicarse, empieza el día siguiente a su publicación; también puede recurrirse cuando el acto reglamentario se le aplica.
Plazos especiales
Algunas leyes prevén plazos más cortos, por ejemplo en la deportación de extranjeros, las licitaciones públicas o las elecciones. Compruebe siempre primero en qué ley se basa el acto.
La solicitud a la administración detiene el plazo
Antes de recurrir, puede pedirse dentro del plazo a la autoridad que dictó el acto, o a su superior, que lo revoque o modifique. Esta solicitud detiene el plazo (İYUK, art. 11). Si se deniega o no se responde, el plazo sigue corriendo desde donde se detuvo.
Suspensión de la ejecución
Recurrir no suspende por sí mismo el acto. La suspensión debe solicitarse en el escrito. Conforme al artículo 27 de la İYUK, el tribunal solo puede concederla si se cumplen ambos requisitos:
- La ejecución del acto causaría daños de difícil o imposible reparación
- El acto es manifiestamente ilegal
El tribunal puede exigir garantía. La decisión que concede o deniega la suspensión puede impugnarse una sola vez dentro de 7 días desde su notificación (İYUK, art. 27).
Fuentes
- Ley n.º 2577 de Procedimiento Administrativo, arts. 7, 11 y 27
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